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El expresidente Alberto Fernández se encuentra en el centro de la polémica después de ser notificado formalmente en la causa que investiga la presunta existencia de una "organización delictiva" durante su mandato. La pesquisa se centra en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, donde, según las investigaciones, intermediarios se habrían beneficiado con jugosas comisiones.
La notificación se realizó en el departamento que el exmandatario posee en Puerto Madero. El juez federal Julián Ercolini notificó al exjefe de Estado, así como a otros dos imputados, Ricardo Daniel González y Carlos Alberto Suárez, sobre la inhibición general de bienes dispuesta el pasado 9 de abril. Además, el juez invitó a los imputados a que, de considerarlo necesario, designen un letrado para intervenir en la causa.
Para llevar a cabo estas notificaciones, se libró un oficio a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Fuentes judiciales informaron que, aunque se especulaba sobre el lugar donde se notificaría a Alberto Fernández, finalmente se realizó en su departamento de Puerto Madero, alrededor de las 19 horas del jueves.
Quien fuera titular del Partido Justicialista (PJ) no está obligado a nombrar un defensor, pero ante la inhibición de bienes de más de 30 personas y dos cooperativas, varias defensas han apelado. El expediente se encuentra en la Cámara Federal y, tras un sorteo, recayó en la Sala II del fuero. Sin embargo, los jueces de la Sala II decidieron devolver el expediente al juez de primera instancia, entendiendo que es necesario notificar a todos los imputados para que decidan si desean nombrar un defensor y participar en esta instancia del proceso.
Tanto el juez Ercolini como el fiscal Carlos Rívolo están analizando toda la documentación secuestrada, así como los resultados de los entrecruzamientos telefónicos y el contenido de los celulares y computadoras incautadas en la causa. Uno de los involucrados, Alberto Pagliano, ex presidente de Nación Seguros y amigo de Alberto Fernández, está solicitando la devolución de uno de los equipos secuestrados, según fuentes cercanas a la investigación. Además, a través de la PROCELAC, se están analizando las declaraciones juradas de los implicados y el listado de sus bienes.
Por el momento, el juez Ercolini ha decidido la inhibición general de bienes del expresidente, así como de otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa. Esta medida también incluye la solicitud de levantar el secreto fiscal y bancario del ex presidente.
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La investigación se centra en la contratación de pólizas de seguros por parte de entes estatales durante el gobierno de Alberto Fernández. Según el decreto n° 823/2021, publicado en el Boletín Oficial el 2 de diciembre de 2021, se dispuso que todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional debían contratar sus pólizas de seguros a través de la firma "NACIÓN SEGUROS S.A.". Sin embargo, se habilitó la participación de "otras aseguradoras en forma de coaseguro", lo que habría dado lugar a la intervención de intermediarios que habrían obtenido comisiones superiores a las del mercado.
Uno de los principales implicados en esta trama es Héctor Martínez Sosa, poderoso productor de seguros vinculado a Alberto Fernández. Martínez Sosa, quien prestó unos 20.000 dólares al ex presidente, está además casado con María Cantero, quien fuera secretaria del anterior titular del Poder Ejecutivo nacional en su gestión y también está imputada en la causa.
El escándalo de los seguros salió a la luz tras una nota del periodista Ricardo Roa en el diario Clarín, luego de la salida de Osvaldo Giordano de la ANSeS y el fracaso del tratamiento del primer proyecto de Ley Bases. La investigación continúa avanzando mientras se espera la decisión de Alberto Fernández sobre si designará o no un abogado defensor en esta causa que lo tiene como uno de los principales implicados.
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