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Política y Economía |La MOTOSIERRA VA SOBRE RUEDAS

Eliminan 640 registros automotor y también trámites y burocracia

Reducirán en un 40% las oficinas en todo el país y un 30% el personal mediante un programa de jubilaciones y retiros voluntarios

Eliminan 640 registros automotor y también trámites y burocracia

Aplican un profundo cambio en los registros automotor / Web

4 de Mayo de 2024 | 03:26
Edición impresa

El Gobierno anunció que eliminará el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.

Tras la primera etapa de la auditoria llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), el Gobierno nacional decidió cerrar el 40% de los registros automotores, comenzando con aquellos que llevan intervenidos más de dos años.

La medida, explicaron desde el Ministerio de Justicia, se tomó con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos.

Además del cierre de los registros, se dispuso recortar un 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Otras de los cambios importantes que ordenó el Gobierno fue eliminar la “cédula azul”. De esta manera, a partir de mayo cualquier persona podrá circular dentro de los límites de la República Argentina con la sola exhibición física o digital de la cédula verde del titular del automóvil (ver aparte).

En el caso de las cédulas verdes, se especificó, ya no tendrán fecha de vencimiento.

Además, dejará de existir el Certificado de Transferencia Automotor (CETA), que obligaba a cada ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

“A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”, indicaron desde Justicia.

Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia. Las transferencias se llevan entre un 8 y un 10% más del costo de la operación de venta de un auto, según explicaron fuentes del sector.

Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios, según afirman.

Previo al dictamen de estos cambios, la entidad citada era la única habilitada en todo el país para proveer chapas patentes, punto que había generado, en 2023, un grave faltante de insumos y demoras en las entregas de originales y duplicados. No obstante, no se hace mención de Acara, único ente proveedor de algunos formularios (como el N°13, por ejemplo).

Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

 

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